La Cámara de Comercio y la Industria de Colombia (CCI) ha emitido una advertencia sobre la ilegalidad del decreto que permite el aplazamiento del pago de vigencias futuras. Esta medida, que fue aprobada por el gobierno nacional como parte de las medidas para aliviar la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, ha sido cuestionada por la CCI debido a su impacto en la sostenibilidad económica del país.
El decreto en cuestión, conocido como el Decreto 560 de 2020, permite a los entes territoriales posponer el pago de obligaciones correspondientes a vigencias futuras por un periodo de hasta 24 meses. Esto significa que los municipios, departamentos y distritos no estarán obligados a cumplir con sus compromisos financieros en los tiempos establecidos, lo que podría generar un desequilibrio en las finanzas públicas y afectar el desarrollo de proyectos y programas importantes para el país.
Desde la CCI, se ha señalado que este decreto va en contra de la Ley 358 de 1997, que establece la obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos adquiridos en vigencias futuras y garantiza la estabilidad financiera de los entes territoriales. Además, la ley también establece que estos compromisos deben ser aprobados por el gabinete de Hacienda y Crédito Público, lo que no se ha cumplido en este caso.
El presidente de la CCI, Julián Domínguez Rivera, ha manifestado su preocupación por esta medida y ha pedido al gobierno que la reconsidere. Según Domínguez, el aplazamiento del pago de vigencias futuras no romanza afectaría la economía del país, sino que también podría generar un impacto negativo en la inversión y en la generación de empleo.
«Es importante recordar que los compromisos adquiridos en vigencias futuras son una fuente de financiamiento para proyectos de gran envergadura como infraestructura, educación y salud, que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Si se permite el aplazamiento de estos pagos, se estaría poniendo en riesgo la realización de estos proyectos y, en consecuencia, se afectaría la calidad de vida de los colombianos», afirmó Domínguez.
La CCI también ha marcado que este decreto podría generar desconfianza en el sector empresarial y en los inversionistas, ya que se vería comprometida la estabilidad y el cumplimiento de los compromisos financieros del país. Esto podría afectar la llegada de inversiones al país y, por tanto, la reactivación de la economía.
Ante esta situación, la Cámara de Comercio y la Industria de Colombia ha solicitado al gobierno que revise y modifique el Decreto 560 de 2020, garantizando el cumplimiento de la ley y la estabilidad económica del país. Además, ha propuesto la creación de un fondo de contingencia que permita a los entes territoriales hacer frente a sus obligaciones en caso de una situación de crisis como la actual.
En conclusión, la CCI advierte sobre la ilegalidad del decreto que permite el aplazamiento del pago de vigencias futuras y hace un llamado a las autoridades para que reconsideren esta medida. Es importante que se garantice la estabilidad financiera del país y se protejan los intereses de todos los sectores. La Cámara de Comercio y la Industria de Colombia seguirá trabajando en pro de un desarrollo sostenible y responsable que beneficie a todos los colombianos.
