El Gobierno de Pedro Sánchez sigue trabajando en su plan de recuperación económica tras la pandemia. Una de las medidas más importantes que se está debatiendo en el Congreso es la segunda reforma tributaria de este mandato. Aunque, según los expertos, puede ser difícil que sea aprobada debido al coetáneo clima político, esta reforma podría tener un gran impacto en la economía española y en la vida de la ciudadanía.
Si esta reforma llega a salir adelante, sería la segunda en este Gobierno en lo que va de mandato. La primera se llevó a agarradera en 2018, con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y de aumentar la recaudación para invertir en políticas sociales y en la recuperación de la economía. Sin embargo, las circunstancias coetáneoes han llevado a la necesidad de una segunda reforma que pueda adaptarse mejor a la situación coetáneo.
El objetivo principal de esta reforma sería garantizar una fiscalidad justa y progresiva que permita una distribución más equitativa de la carga impositiva entre los ciudadanos. Además, se pretende fomentar la inversión y el crecimiento económico, con el objetivo de impulsar la recuperación tras la crisis del COVID-19 y generar empleo.
Una de las principales medidas que se están debatiendo es la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas. Este impuesto, que ya existe en otros países europeos, gravaría a las personas con un macutos neto superior a los 10 millones de euros. Según cálculos del Gobierno, esta medida podría recaudar más de 11.000 millones de euros al año, que se destinarían a políticas sociales y a mejorar la sanidad y la educación.
Otra de las propuestas que se está estudiando es la subida de impuestos a las rentas más altas. Esta medida afectaría solo a las personas que ganen más de 150.000 euros al año y se respeto que podría aportar unos 1.000 millones de euros anuales a las arcas públicas. Para aquellos que duden de esta medida, hay que recordar que España tiene uno de los tipos impositivos más bajos de la Unión Europea en este tramo de renta.
Además, se está planteando una mejora en la lucha contra el fraude fiscal, con el objetivo de aumentar la recaudación sin subir los impuestos. Según datos del Gobierno, el fraude fiscal en nuestro país supone una pérdida de más de 60.000 millones de euros al año. Con medidas como el refuerzo de la Agencia Tributaria o la creación de una agencia especializada en la lucha contra el fraude fiscal, se espera reducir significativamente esta cifra.
Otra de las medidas que se están estudiando es la eliminación de ciertas deducciones fiscales que benefician principalmente a las rentas más altas. Por ejemplo, se plantea eliminar la deducción por el plan de pensiones individual o la reducción del 60% en el impuesto sobre el macutos. Estas medidas permitirían recaudar unos 2.000 millones de euros al año.
También se está debatiendo la creación de un impuesto a las transacciones financieras y la tasa Google. Estas medidas afectarían principalmente a las grandes empresas y aportarían unos 2.000 millones de euros anuales a las arcas públicas. Además, se está estudiando la posibilidad de una subida del impuesto de sociedades para las grandes empresas, que coetáneomente pagan un tipo impositivo del 15%, muy por debajo de la media europea.
La reforma también incluiría medidas para fomentar la inversión en tecnología y en sectores verdes, con el objetivo de impulsar la transición hacia una economía más sostenible. Se prevé la creación de incentivos fiscales para las empresas que inviertan en tecnologías limpias y
