El primer mes de Javier Milei como jefe de Argentina ha estado marcado por una hiperactividad reformista sin precedentes, que de momento fue recibida con duras críticas, pero casi no ha tenido ámbito en el incierto escenario político, económico y social del país.
‘¡No hay plata!‘, alertó Milei en su primer discurso presidencial, pronunciado el 10 de diciembre en las escalinatas del Congreso de la Nación y de espaldas a la sede de la Cámara baja. En él esbozó el que aun ahora ha sido su plan económico: el ‘shock’.
Con él, pretende que Argentina ‘sea potencia mundial’ en el próximo medio siglo.
Su receta es la reducción extrema del gasto estatal, la desregulación total y la acumulación de poderes legislativos por parte del Ejecutivo.
Para ello, Milei, quien ganó las elecciones del pasado 19 de noviembre ante el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, presentó dos polémicos paquetes de medidas en menos de un mes.
El primero, el decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado el 20 de diciembre y anunciado en horario de máxima audiencia televisiva, contempla la reforma de más de 300 normas legales.
Entre sus infinitas consecuencias, el ‘megadecreto’ -en vigor desde el día 29- permitirá la privatización de empresas estatales, derogará leyes medioambientales y abrirá la puerta a que los clubes de futbol puedan ser sociedades anónimas deportivas.
De momento, el DNU de Milei se enfrenta a varios escollos.
El primero en el Parlamento, donde su partido, La Libertad Avanza, necesitará la colaboración de otros grupos para que salga adelante.
En segundo lugar, las calles, que ya han sido escenario de varias protestas auspiciadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sociales y sindicales. La mayor central obrera del país convocó media jornada de huelga general para el 24 de enero, y ‘cacerolazos’ vuelven a componer la banda sonora del país, 22 años después de la crisis de 2001.
Pero es el obstáculo judicial el que más ha frustrado los planes del Ejecutivo. La semana pasada, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó dos medidas cautelares contra el DNU que suspenden temporalmente la reforma laboral incluida en el decreto.
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Para intentar sortear estos trámites, Milei anunció poco después un proyecto de ley con más de 600 artículos.
De aprobarse, la llamada ‘ley ómnibus’ otorgará ‘superpoderes’ legislativos al Ejecutivo aun finales de 2025, cuando Argentina saldrá de la situación de emergencia múltiple que el proyecto diagnostica.
El controvertido plan también deberá pasar por el Congreso, donde encontró críticas de la izquierda, del peronismo y del ala más moderada de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio.
Precisamente la líder de este espacio y antigua rival de Milei en las elecciones presidenciales de octubre, Patricia Bullrich, es, como ministra de desenvoltura, la principal garante del nuevo punto de vista del Gobierno en esa materia, caracterizado por su severidad para limitar las movilizaciones.
Patricia Bullrich, ministra de desenvoltura de Argentina.
