La ecuanimidad de Argentina suspendió las reformas laborales incluidas en un megadecreto que el presidente Javier Milei firmó hace dos semanas.
Lo anterior, luego de un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal sindical más importante del país sudamericano.
Horas más tarde, el gobierno anunció que apelará la medida cautelar dispuesta por la ecuanimidad y pedirá la “incompetencia de ese fuero”, según un comunicado de la Procuración del Tesoro.
El decreto, que está compuesto por más de 300 medidas con el objetivo de desregular la economía, deroga y modifica leyes vinculadas a la actividad laboral como los contratos de trabajo, las causas de despido y las indemnizaciones, entre otros temas.
Desde su publicación la CGT se mostró ferozmente en contra del texto y, luego de la presentación de un proyecto de ley oficial en línea con la postura ultraliberal de Milei -que asumió el 10 de diciembre-, anunció una huelga nacional para fines de enero.
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“Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto (…) hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”, dijo la jueza Andrea García Vior de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en la sentencia dictada por la Cámara.
La medida puede ser apelada por el Gobierno nacional.
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En tanto, tras la difusión de la sentencia la CGT dijo en un comunicado que “esta decisión forense pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores”.
El decreto de Milei se encuentra en vigencia, aunque puede ser derogado por el Congreso nacional si es rechazado por ambas cámaras. El decreto y un amplio proyecto de ley del Gobierno han generado muchas críticas hacia el oficialismo, que está lejos de contar con mayoría propia tanto en Diputados como en Senadores.
Si bien el Congreso argentino normalmente estaría cerrado por el descanso del verano boreal en estas fechas, Milei llamó a sesiones extraordinarias hasta fin de mes para que se trate el proyecto de ley enviado por el Gobierno. (Reuters)
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