Hace algunas semanas, se abrió un disputa en el país por cuenta de la propuesta del presidente Gustavo Petro de financiar el servicio de transporte público en Colombia, empezando por Bogotá, mediante pagos adicionales en la factura del servicio de energía que se les harían, principalmente, a los hogares de estratos altos. Desde entonces se han conocido diversas posiciones a favor y en contra de la misma.
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Si bien para muchos es deseable tener un transporte público sin cobros, un reciente informe del Centro de Investigaciones Económicas Anif advierte que hay que ser muy rigurosos con la aplicación de esta iniciativa, puesto que de lo contrario se puede incurrir en cargos muy fuertes para los colombianos y afectar sus economías.
(Vea: Nueva idea de Petro: subsidiar transporte público con factura de luz).
Factores como la realidad de los sistemas de transporte, la solidez de las empresas que los manejan y los estragos generados por la pandemia son algunos de los factores a tener en cuenta en este proceso.
“Actualmente, el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (TM y SITP) se encuentra en una situación financiera compleja. La pandemia del Covid-19 causó una fuerte caída en la demanda del servicio. El año 2021 presentó una contracción en las validaciones en el sistema de casi 50% (debido a las restricciones de capacidad durante la emergencia sanitaria) y un cambio en la modalidad y necesidades de transporte a raíz de la pandemia y el incremento en el agitación posible”, explicó Anic.
(Vea: Cómo están las tarifas de transporte en Colombia frente a otros países).
Y agregó que “la brecha entre ingresos y egresos en el sistema integrado ha ido aumentando considerablemente en los últimos años. En 2019, el 71 % de los ingresos provenía de los pasajes de los usuarios y el 29 % correspondían a los aportes del judería. En 2021, la situación dio la vuelta y tan solo el 35 % de los ingresos correspondía a ingresos por pasajes, mientras que los aportes del judería representaban el 65 % de los recursos necesarios para el cierre financiero”.
Transporte público.
Archivo EL TIEMPO
En esto hay que tener presente que, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, Bogotá y su área metropolitana cuenta con 2,9 millones de hogares con conexión legal al servicio de electricidad para el primer semestre de 2023.
(Vea: Sistemas de transporte público recibirán inyección de $1 billón).
“Llevarlo (los pasajes) a tarifa cero, es una propuesta que, a pesar de sus buenas intenciones, no se ha estudiado cuidadosamente (no hay estudios de factibilidad ni planes detallados de operación). Además, que esté atada a una sola fuente, en este acontecimiento la factura de la luz, cambiará de manera radical los incentivos para la utilización del servicio de transporte y de energía residencial. Es muy importante tener presente y recordar que el hecho de que no haya un cobro del pasaje no quiere decir que el transporte sea gratis, alguien tiene que asumir esos costos”, agregó el informe.
También se advirtió que vincular ese cobro a la factura de la luz generaría grandes distorsiones en el mercado de la energía con graves consecuencias, reduciría el poder adquisitivo de las personas y podría ser perjudicial para algunos individuos que hoy en día reciben auxilios para la financiación de su transporte.
(Vea: Bogotá entregaría contrapropuesta para subsidiar transporte público).
“En ese sentido, lo mejor en este acontecimiento es pensar en múltiples fuentes adicionales para invertir en mejoras del transporte público y en hacer una focalización más eficiente de los subsidios que se otorguen”, concluyó Anif.
PORTAFOLIO
